En el mes de diciembre la política petrolera peruana ocupó el centro del escenario. En primer lugar, el ejecutivo promulgó la ley que declara de interés nacional la modernización de la refinería de Talara, en el norte del país. Al mismo tiempo, el Vice Ministerio de Interculturalidad emitió un segundo Informe Técnico a la ampliación del Lote 88, proyecto de Pluspetrol. Ambos episodios nos llevan a reflexionar sobre una posición del estado peruano frente a la industria petrolera que ya parece tomada.   

A mediados del mes se publicó la ley Nº 30130. Esta declara de necesidad pública e interés nacional la modernización de la Refinería de Talara y adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petroperú.

La ley dispone que Petroperú de inicio a la fase de ingeniería del proyecto de modernización de la refinería de Talara. En segundo término autoriza la colocación de acciones de Petroperú al mercado de valores así como su venta a personas naturales o jurídicas. En este proceso el Estado podrá incorporar hasta el 49% de participación privada.

Así mismo, aprueba la entrega de garantías del Gobierno en respaldo de las obligaciones financieras derivadas de la modernización de la refinería hasta por 200 millones de dólares anuales o un acumulado hasta por 1000 millones de dólares. Por último, aprueba un plan de reorganización de Petroperú a ejecutarse en un plazo no mayor a 270 días.

Durante la promulgación el ejecutivo reveló que Petroperú invertirá 2730 millones de dólares en la modernización, completando el resto del monto con capital privado, aprovechando para reafirmar que la modernización transformará la región Piura, elevando hasta en un 22% su Producto Bruto Interno.

La definición de la posición del régimen frente a la Talara coincidió, en el mismo mes, con el nuevo Informe Técnico del Vice Ministerio de Interculturalidad respecto a la ampliación del Lote 88 de Pluspetrol, proyecto controvertido al tomar lugar en parte de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y Otros. El nuevo informe reemplaza uno anterior que contenía observaciones muy duras, y que fue retirado por presiones desde los más altos niveles del gobierno, precipitando la renuncia de los entonces Vice Ministro y Ministro de Cultura.

El nuevo estudio remite 37 observaciones al proyecto. El informe admite la presencia de población en situación de contacto inicial, así como la alteración de espacios sensibles. Sin embargo, no prohíbe la ampliación del proyecto, proponiendo establecer un plan de contingencia antropológica y un fondo de compensación para las poblaciones vulnerables.

La política petrolera peruana está íntimamente ligada a la matriz energética. Es así que ambos casos nos llevan a ubicarnos en la intrincada red de impactos que se desarrolla en el contexto actual peruano.

En la actualidad Perú ocupa uno de los últimos lugares del ranking de calidad de combustibles del International Fuel Quality Center. El combustible peruano posee una alta concentración de azufre (entre 1,000 y 12,000 partes por millón-ppm de volumen de azufre). La problemática fue parcialmente tratada mediante la Ley 28694 que -a partir del 1 de enero del 2010- prohíbe en Lima y Callao la comercialización para el consumo interno de combustible diesel con un contenido de azufre mayor a 50 ppm. Después, la Resolución Ministerial RM Nº 0139-2012-MEM dispone que, además, se adhieran los departamentos de Arequipa, Cusco, Puno y Madre de Dios.

En la medida en que la refinerías de Talara y La Pampilla no pueden producir combustibles bajos en azufre, la solución hasta ahora ha sido de la importar el combustible que se consume en las ciudades que deben cumplir con estos estándares, que es buena parte del combustible que se consume en el país. Pero, al mismo tiempo, el carácter petrolero de nuestra matriz energética no ha hecho más que intensificarse durante los últimos años.

En este sentido, la modernización de Talara respondería a la necesidad de producir más derivados de petróleo en el país y con menor contenido de azufre, mientras que la ampliación del lote 88 permitiría producir más gas natural para cubrir la creciente demanda de Lima y otras regiones del país.

En relación con los roles generales de Petroperú, la norma aprobada apunta a consolidar a la empresa como una dedicada al transporte y refinamiento de crudos y comercialización de derivados, pero no a actividades de exploración o explotación, señalando que Petroperú solo puede “realizar actividades y proyectos de inversión siempre y cuando no generen a la empresa pasivos firmes, no afecten las garantías del Plan de Modernización de la Refinería de Talara y no demanden recursos al Tesoro Público”.

Cobrarían, en ese caso, más sentido las declaraciones del presidente Humala que dijo: “frente a posiciones extremas de disolver Petroperú o de darle la posibilidad de absorber todo, el gobierno encontró "el camino de la sensatez y la lógica."

Tal parece que la lógica buscada por el ejecutivo pretende emular el esquema de otras empresas estatales como Petrobras y Ecopetrol, abriendo las acciones de Petroperú en la Bolsa de Valores de Lima manteniendo la mayoría de la propiedad.

Mientras tanto, los críticos a la ampliación del Lote 88 llaman la atención sobre indicios que cuestionan la posición del estado frente al sector privado. En primer lugar, se trata de un informe técnico que sucede a la renuncia del anterior viceministro en el cargo tras retiro de un informe no favorable para el proyecto (aludiendo falta de pruebas). En segundo lugar, existe una revelación periodístico que asocia a una de las autoras del nuevo informe a un cargo gerencial en una consultora que, entre su cartera de clientes, incluye a Pluspetrol.

Ambos episodios sugieren que la estrategia energética del actual gobierno se basa en apostar por el aumento de la producción peruana de hidrocarburos en manos del sector privado e incluyendo territorios de alta sensibilidad ricos en biodiversidad y lugar de vida de poblaciones no contactadas o en contacto inicial, y también en la mayor refinación de crudo en el país con la nueva refinería de Talara. En este esquema se le dejaría al sector privado la tarea de la exploración y explotación de los hidrocarburos. Lo preocupante es que los hechos del lote 88 establecen un mal precedente respecto a la imparcialidad con la que el estado proyecta manejar su relación con el sector privado. Por lo pronto, la polémica del Informe Técnico ha llegado a la ONU, que envió al Relator sobre Pueblo Indígenas –James Anaya- al país para conocer más sobre el caso. Las recomendaciones del funcionario han sido la elaboración de un estudio más exhaustivo y la conducción de un proceso de consulta previa. El 2014 promete intenso debate al respecto.

En agosto pasado, el presidente Enrique Peña Nieto presentó al Senado Mexicano su iniciativa de Reforma Energética, la misma que incluyó el cambio en los artículos 27 y 28 de la Constitución, que hasta ahora otorgaban al gobierno exclusividad en la generación, transformación y distribución de hidrocarburos y de electricidad.  

Tanto el Partido de Acción Nacional (PAN) como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron sus propias propuestas de reforma. Mientras que la reforma del PAN incluye el cambio de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución – y por lo tanto, dar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mayor autonomía- el PRD propuso el cambio de 12 leyes secundarias y la inclusión de un proyecto de ley que cree un Fondo de Excedentes Petroleros. La propuesta del PRD también planteó dar a Pemex y la CFE autonomía presupuestal y de gestión, al mismo tiempo que fortalecerlas mediante los ingresos por excedentes en proyectos prioritarios de Pemex.

En suma, mientras que las propuestas del PRI y del PAN apuntaban al ingreso de capitales privados a la actividades petrolera y de generación eléctrica, la propuesta del PRD apuntaba a fortalecer los entes estatales respectivos al mismo tiempo que darles mayor autonomía y recursos para hacer las inversiones necesarias.

Llegado diciembre, tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobaron la Reforma Energética, pero en la versión propuesta por el PAN. Es decir, cambiando no solamente 2 sino 3 artículos claves de la Constitución. El debate en el Senado tomó más de 20 horas mientras que al día siguiente, la Cámara de Diputados aprobó la reforma por “vía rápida”, ante la intención del PRD y grupos menores de oposición de aplazar la votación a inicios del año 2014 bloqueando físicamente las puertas del hemiciclo.

La reforma aprobada contiene cinco puntos clave:

a) Modificación de los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución. El objetivo de la medida es permitir la inversión privada en la cadena de valor de los hidrocarburos y de la electricidad.

b) Reforma operativa de Pemex y CFE. Ambas empresas ganarán autonomía, siendo capaces de ejecutar operaciones o hacer contratos (contratos de producción y utilidad compartida en el caso de Pemex) de forma independiente a la decisión política del gobierno central.

c) La creación de un fideicomiso petrolero. Este fideicomiso será manejado por el Banco Central de México con el fin de regular los ingresos provenientes de la explotación de petróleo, garantizando un aporte del sector equiparable al 4,7 % del PIB como mínimo.

d) El Sindicato de Trabajadores Petroleros deja el Consejo de Administración de Pemex. Si bien los derechos laborales del gremio no serán tocados, el sindicato perderá su representación de 5 asientos en el órgano de dirección de la empresa.

e) Nuevas agencias de regulación. Gracias a la reforma se creará un Centro Nacional de Gas Natural y una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos. Además, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos serían repotenciadas.

El sentimiento general entre la población mexicana es principalmente de incertidumbre. Y es que no hay una explicación clara sobre cómo el proyecto de ley afectaría al mexicano promedio. Por lo pronto, la implementación de nuevas instituciones tomará tiempo, tanto como el que sea necesario para que el sector privado identifique oportunidades y negocie nuevas inversiones. Es así que podrían pasar años antes que la reforma tenga un impacto real en la producción, las contribuciones fiscales del sector petrolero y eléctrico, y los precios finales para los consumidores. Será especialmente importante, además, que los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas estén en su lugar y aseguren que los nuevos acuerdos con el sector privado sean los más favorables para México y los mejicanos.

Entretanto, y en respuesta la confusión general, grupos de la sociedad civil han iniciado una campaña, con participación de personalidades mediáticas, reclamando mayor información sobre el impacto de la reforma. Por su parte, el grupo político Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) –una escisión del izquierdista PRD y abiertamente opuesto a las reformas aprobada- ha lanzó otra campaña pidiendo someter la reforma a un referéndum.

Lo cierto es que–frente a un escenario de agotamiento de las reservas existentes, caída de la producción, e incapacidad financiera de PEMEX para remontar la situación- un cambio era indispensable. Sin embargo, se presentaban dos alternativas claras: Pemex conservaba sus ganancias en la forma de capital de inversión; o, dejaba el escenario puesto para la participación del capital privado. El rumbo elegido por el gobierno es el segundo, decisión nada fácil en un día en el que el nacionalismo petrolero esta en el corazón mismo de su moderna identidad nacional.

Diciembre inició con la confirmación de un pre acuerdo entre la firma española Repsol y la estatal argentina YPF que pondría fin a la disputa legal iniciada a raíz de la nacionalización del 51 % de las acciones de las operaciones de Repsol en Argentina. Aunque aún se desconoce el monto de reparación, el acuerdo es de vital importancia para reinsertar a la estatal en el mercado financiero y para devolver competitividad a Repsol. 

Un aspecto interesante de esta situación tiene que ver con la posición del gobierno norteamericano. Sucede que al momento de la nacionalización de Repsol, los EEUU apoyaron tibiamente la protesta española. Pero recién ahora -cuando ya hay arreglo entre el Gobierno Argentino y REPSOL y ya es casi un hecho que la norteamericana Chevron se hará cargo del yacimiento Vaca Muerta, que antes estaba en manos de Repsol- los Estados Unidos se pronuncian con firmeza.

En cuanto al acuerdo en si entre el Gobierno y Repsol, los medios argentinos fueron tomados por sorpresa. En todo caso, se sabe que el acuerdo supondría una compensación en activos líquidos, aunque el monto tendría que ser determinado en negociaciones sucesivas. Por otro lado, la noticia coincidía con el nombramiento como Ministro de Economía en Argentina de Alex Kicillof, uno de los actores clave durante la nacionalización.

Los gobiernos de España y Argentina, así como la empresa estatal mexicana Pemex, formaron parte de las negociaciones que alcanzaron el reciente acuerdo entre Argentina y Repsol. La importante participación de PEMEX en la negociación se explica pues al tener 9.4% de las acciones de la firma española, tiene sitio en el consejo de administración de la misma.

Miguel Galuccio, presidente de YPF, busca ahora que la estatal emita bonos no menores a dos millones de dólares a partir de enero del 2014. Así mismo, se especula que Morgan Stanley está trabajando con otras dos entidades bancarias en una colocación de YPF por $ 300 millones que también se cristalizaría el año próximo. Las colocaciones ayudarían a levantar el capital necesario para inversiones que permitan a la argentina escapar del déficit energético. Desde el lado español, el mismo día del anuncio de acuerdo las acciones de Repsol escalaron 4.28% en la Bolsa de Madrid, viéndose beneficiados además otros accionistas de la petrolera como la constructora Sacyr, Caixabank y la petrolera mexicana Pemex. Pemex, incluso, ha confirmado su interés por explotar Vaca Muerta.

Sin embargo, se debe observar que muchos de los detalles del acuerdo aún se mantienen en reserva. Los medios argentinos especulan de un acuerdo de 5000 millones de dólares, mientras que el presidente de Repsol, Antonio Bafrau, mantiene su intención de obtener 8000 millones. Lo cierto es que, como declarara el jefe del gabinete argentino, Jorge Capitanich, los pormenores se conocerán solo cuando consejo de administración de la española haya aprobado plenamente la propuesta. Mientras tanto, voces del gobierno español como Jaime Garcia-Legaz –titular de Comercio- afirmaron que un acuerdo con YPF es mejor que una demanda.

La capacidad de Argentina de recuperar la confianza de los inversionistas parece mejorar con este acuerdo. Sin embargo, hoy es difícil ver si la situación será favorable para YPF. La estatal ya ha colocado satisfactoriamente 500 millones de dólares en bonos en el exterior, su primera emisión en más de 15 años. El indicador sería positivo de no ser por el interés todavía alto (8%) y la inestabilidad del mercado argentino frente a la incapacidad de frenar la subida del dólar paralelo.

Es así que volvemos a las declaraciones norteamericanas del mes de noviembre, rescatando el hecho que vienen delante de 300 millones de dólares que Chevron ha insertado en la economía argentina gracias a Vaca Muerta. Cabe preguntarse cuán determinantes fueron las negociaciones con Chevron para acelerar el proceso de reparación de la española y también si estamos frente a una lógica geopolítica de las inversiones en la que USA sale ganando.