Con la aprobación del Presupuesto 2014, la Secretaría de Hacienda Mexicana consiguió pasar una de las reformas fiscales más grande en los últimos años, mediante la cualse busca recaudar la mayor cantidad de recursos posibles para los programas estatales.  

En relación con la minería, la Ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014 modifica el capítulo XIII de la Ley Federal de Derechos, grava a las mineras con un impuesto adicional del 7.5% a las utilidades, por encima del 30% de Impuesto a la renta que ya pagan, al que denomina como regalía. De esta manera, la minería pasará a jugar un rol central en lo que aportes al fisco se refiere, pues se trata de un país que hasta la fecha no contaba con ningún impuesto dedicado a la actividad minera.

la Ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014 modifica el capítulo XIII de la Ley Federal de Derechos, grava a las mineras con un impuesto adicional del 7.5% a las utilidades

Las nuevas reglas de juego indican que este pago de 7.5% es sobre las utilidades brutas. Es decir, las empresas no podrán deducir los conceptos de pago de intereses e inversiones. Del mismo modo, la norma pone fin a regímenes especiales, incorporando incluso un impuesto extra del 0.5% a las utilidades en metales preciosos (oro, plata y platino). Así mismo, sobre el pago de las concesiones anuales se implementa una penalidad de 50% adicional por hectárea en caso no se realicen inversiones (un mínimo de 111 pesos semestrales) en un plazo de dos años. Por último, el 50% de la recaudación que se realice por el nuevo régimen se destinará al nuevo Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Municipios Mineros.

Es interesante anotar que la reforma es un logro que ha excedido las expectativas del gobierno mexicano, pues su propuesta inicial –en debate desde mediados del año pasado- era de un impuesto del 5%, siendo quela propuesta finalmente aprobada es de 7.5%.

Hacienda justifica la reforma basándose en que mientras la minería mexicana generó tan solo en el año 2012 ingresos por US$ 21 000 millones de dólares, bajo el régimen fiscal anterior las mineras solamente tributaban el Impuesto sobre la Renta (30%) y la participación de los trabajadores en la utilidad (1%). Sin embargo, con la configuración actual el gremio minero indica que la carga impositiva total de una operación podría llegar hasta el 75%, debido a que persisten otros 7 impuestos distintos (Dividendos, Derechos de Aprovechamientos sobre el Agua, Eliminación de la Deducción Inmediata de la Exploración, Impuesto Verde a los Combustibles y Derechos Mineros Superficiales).

hay 1171 proyectos en fase de exploración que ya han hecho sus estimaciones bajo un régimen fiscal anterior. 

Otro argumento en contra de la reforma tiene que ver con su posible impacto en las exploraciones, pues se señala que hay 1171 proyectos en fase de exploración que ya han hecho sus estimaciones bajo un régimen fiscal anterior. De estos, el gremio minero informa que por lo menos 15 tienen programada el inicio de sus operaciones entre el 2014 y el 2015. El temor del sector es que, bajo las nuevas condiciones, muchos de los proyectos no lleguen a concretarse en el mediano o corto plazo.

El gobierno respondió a finales del 2013, luego de aprobada la reforma, con un beneficio fiscal a las empresas en fase de exploración, a quienes da la opción de hacer pagos provisionales trimestrales a cuenta del pago anual. Así mismo, se prevé que las más de 400 empresas que realizan exploración en México se vean beneficiadas, ya que la reforma les permite deducir los costos de inversión en las etapas de exploración.

Definitivamente quienes sentirán el mayor impacto de la reforma son las empresas de gran escala, especialmente aquellas dedicadas a la extracción de metales preciosos. Y es precisamente este grupo (compuesto por empresas como GMéxico, Peñoles, Fresnillo y Gold Corp) el que ha tenido mayor incidencia en difundir los potenciales impactos negativos de la norma.

Desde su propia perspectiva, especialistas de firmas como PricewaterCoopers, Vander Capital, Candiani Mining e incluso del mismo Banamex han resaltado los puntos débiles de la reforma. Se habla, por ejemplo, de un aumento de 12 o 13% en la carga tributaria del el sector. Otro problema es la confianza de que los precios de los metales seguirán a la alza cuando la tendencia internacional demuestra lo contrario. Los argumentos se reducen a que el aumento del gravamen al 7.5% -por encima de los parámetros previstos por el senado del 5%- hará menos competitivo a México en el contexto internacional. 

El gobierno, no obstante, parte de la premisa que en México nunca ha existido un recargo fiscal o impuesto extraordinario o a las sobreganancias a la minería, mientras que en otros países productores de la región y del mundo –desde China y Australia hasta Perú, Chile, Brasil, y Argentina; si se ha establecido diversas formas de pagos adicionales.

Es así que vale la pena resaltar el ejemplo de Grupo México (GMéxico), que en el mes de octubre amenazaba con redirigir sus inversiones en caso sea aprobada la reforma; y, que en el 2014 confirmó que la misma solo tendría un impacto negativo de US$ 53 mdd sobre sus ganancias del año por US$1741 mdd .

Por último, es importante rescatar que tanto la reforma energética como la reforma fiscal son medidas complementarias. Se espera que con la primera los costos de la electricidad y el combustible se reduzcan a niveles que hagan más competitiva a la industria mexicana. 

es importante rescatar que tanto la reforma energética como la reforma fiscal son medidas complementarias.

 Mientras tanto, el aumento en gasto social que a fin de cuentas facilita la reforma fiscal, promete darle una cama de popularidad al régimen para seguir presionando al sector.

El gobierno de Colombia ha impuesto una multa de 800 mil dólares a la compañía norteamericana Drummond y ha determinado el cese de embarques de carbón desde su puerto de en la Bahía de Santa María (Magdalena). Ahí Drummond realiza el embarque carbón por barcazas, pese a que desde el 1ro de enero pasado esta práctica es ilegal en ese país.  

Regresando a la sanción más reciente, sucede que en el 2007 la empresa Drummond protagonizó un desastre ecológico en Santa María al derramar enormes cantidades de carbón que era transportado en barcazas, y que fue en respuesta a este hecho que el gobierno -mediante el Decreto 3038- eliminó el transporte de carbón en barcazas e hizo obligatorio el embarque de carbón directo. Debido al cambio de modalidad, que implica fuertes modificaciones de infraestructura y logísticas en los puertos, el gobierno dio a las empresas del sector un plazo de seis años para adecuarse.

Pues bien, mientras se aproximaba el plazo con que pondría fin a este método de transporte, Drummond volvió a protagonizar un derrame de proporciones incluso mayores. En esta oportunidad, entre fines del 2012 e inicios del 2013, la misma empresa y sus subsidiarias fueron multadas con US$ 3.5 mdd por el vertido de 2000 toneladas carbón a la Bahía de Santa María.

entre fines del 2012 e inicios del 2013, la misma empresa y sus subsidiarias fueron multadas con US$ 3.5 mdd por el vertido de 2000 toneladas carbón a la Bahía de Santa María.

Es en este contexto, que se llega al plazo final sin que la empresa tenga listas las obras que le permitan realizar el embarque directo de carbón. La empresa culpa del del retraso a los 53 días huelga de trabajadores que llevaba atravesando, pero el hecho es que el plazo se vence y la Drummond llega a operar -retando a las autoridades ambientales y portuarias- cinco días por encima de la norma. Más aun, emite un memorando en el que advierte la terminación de más de 4 mil contratos laborales en caso de un cese de operaciones.

La posición del gobierno colombiano ha sido firme. Luego de iniciar fiscalizaciones a cargo de la Superintendencia de Puertos y la Autoridad Nacional Ambiental, multa a la empresa con US$ 150 mil por día que no se adecue a la norma. Hasta el cese de sus operaciones Drummond acumuló una multa de 800 mil dólares.

Drummond posee el 29% de las concesiones de carbón del país. Se calcula que el 89,6% de sus reservas globales se encuentran en territorio colombiano, y la producción en ese país es en gran medida responsable de sus 3000 millones de la compañía norteamericana Drummond dólares en ingresos del 2013. Por otro lado, el carbón también es de gran importancia para la economía colombiana. A pesar de su reciente estancamiento debido a la competencia del shale gas como fuente de energía en mercados que antes usaban carbón, solo el 2012 representó el 7.7% del PBI colombiano.

Drummond posee el 29% de las concesiones de carbón del país. Se calcula que el 89,6% de sus reservas globales se encuentran en territorio colombiano

Ante el cese temporal de embarques de Drummond, los medios ya han empezado a calcular el impacto diario de un cese de operaciones: más US$ 5.7 millones de dólares por concepto de venta de carbón al exterior; 9 millones de dólares por concepto de impuesto a la renta; 1.2 millones de dólares entre regalías y compensaciones; y, 921 mil dólares en pagos a la Agencia Nacional de Infraestructura por el uso de la vía férrea. Por otro lado, los incumplimientos reducirían drásticamente la importante participación de Colombia en el mercado europeo del carbón (25%).

Sin embargo, en el caso de Drummond se han conjugado dos elementos clave para que el gobierno llegue a exigirle detener el embarque de carbón: La gastada legitimidad de la compañía ante la opinión pública y las perspectivas que el carbón tiene en el actual mercado energético.

Ambos elementos se complementan. Se critica, por un lado, la baja capacidad de crear encadenamientos regionales productivos que ha tenido el sector. La actividad tampoco ha sido ajena a la violencia, es el caso del asesinato de los líderes del sindicato de Drummond por las Autodefensas Colombianas en el 2001.

Desde el punto de vista económico, la demanda del carbón está en baja. El costo de los insumos para las operaciones se incrementa mientras que el precio sigue estancado. De pronto el gas no convencional supera al carbón tanto en volúmenes de producción como en las preferencias de los países industrializados.

Este escenario de escaso impacto interno y difíciles perspectivas externas habrían debilitado la posición de la industria del carbón frente al gobierno, al mismo tiempo que el crecimiento de otras líneas de actividad minera ofrece al estado alternativas de generación de rentas diferentes al carbón. Se explicaría así como un gobierno que define a las extractivas como una de las locomotoras de la economía al mismo tiempo aplica sanciones drásticas a empresas del sector minero que hasta ahora eran clave en la generación de renta pública y políticamente muy influyentes.

El pasado enero los medios peruanos advirtieron una caída del canon minero, fondo compuesto por el 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras que se distribuye a los gobiernos regionales y locales de las regiones en donde se realiza la actividad extractiva. De acuerdo a los últimos pronósticos, el monto a ser repartido a estos gobiernos sub nacionales podría descender hasta en un 50% en comparación al 2013. Ancash, La Libertad y Tacna serán los gobiernos más afectados por estas caídas.  

De acuerdo a los últimos pronósticos, el monto a ser repartido a estos gobiernos sub nacionales podría descender hasta en un 50% en comparación al 2013

El 2012 –cuando se distribuyeron más de 1820 millones de dólares- fue el año pico de un crecimiento sostenido en las transferencias por canon a los gobiernos sub nacionales (que comenzó a inicios de la década del 2000). Sin embargo, a partir del 2013 la tendencia ha sido a la baja pues ese año distribuyeron 1357 millones de dólares, y para el 2014 proyecta una retracción incluso mayor.

Aquí vale la pena anotar que, ciertamente, se trata de una caída respecto a los niveles altísimos de renta distribuida a los gobiernos subnacionales en los inmediatos años anteriores. Aún así, la renta a ser distribuida en el 2014 equivale a la de los años 2008 y 2009. Es decir, sigue siendo altísima en relación al inicio del super ciclo a comienzos de la década pasada.

La caída obedece esencialmente a dos factores: (i) la caída general del impuesto a la renta de las empresas mineras; y, (ii) el carácter re-centralizador de los aportes adicionales al fisco negociados por este gobierno con las empresas mineras desde el 2011.

Aún así, la renta a ser distribuida en el 2014 equivale a la de los años 2008 y 2009. Es decir, sigue siendo altísima en relación al inicio del super ciclo a comienzos de la década pasada.

En el caso del impuesto a la renta, que pasó de US$ 3.254M (S/.9.111M) entre enero y octubre del 2012 a US$ 2.156M (S/. 6037M) en el mismo periodo del 2013; la caída del 47% resulta de la baja de los precios internacionales de nuestras exportaciones minerales. En el caso de la re-centralización de los aportes privados al fisco; desde el 2011 estos aportes adicionales (Impuesto Extraordinario y Gravamen Voluntario estimados en US$ 500 millones) se consideran como costos de producción. Por tanto, reducen el monto del impuesto a la renta, del que sale el canon que se reparte a los gobiernos sub nacionales.

El resultado es que, si bien el común denominador durante los últimos años era que gobiernos regionales y locales recibieran más recursos de los que estimaban en sus ejercicios de planeamiento presupuestario, en la actualidad experimentan recortes a los recursos estimados.

En respuesta, se ha abierto un debate nacional sobre la pertinencia de reformas en los mecanismos de distribución sub nacional de la renta extractiva hoy vigentes; así como un debate en torno a la necesidad de tener mecanismos -tipo fondos de estabilización- para enfrentar la volatilidad de los ingresos generados por las extractivas.

Sobre lo primero, en la medida en que la Ley de Canon asigna una porción de la renta extractiva solamente a las regiones productoras, en la actualidad 11 departamentos se distribuyen el 90% del fondo, entre ellos Cusco, Ancash y Piura que reciben el 50% del total. Otros 8 departamentos se reparten el 40%, y el 10% restante se reparte entre los 14 departamentos productores restantes. Y, al interior de las regiones, se produce una fuerte co0ncentracion de estos recursos en el distrito y la provincia productora. Frente a esta situación, el gobierno está proponiendo reformas a la Ley de Canon limitadas a una re-distribución más equitativa de estos recursos entre los distritos y las provincias al interior de las regiones productoras, pero sin incluir a las regiones no productoras.

Sobre lo segundo, se ha abierto también una discusión inicial sobre la necesidad de contar con mecanismos de estabilización que permitan al gobierno central y a los gobiernos sub nacionales estar protegidos frente a esta volatilidad de los ingresos extractivos.

En ambos casos, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) como la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), de la misma manera que organizaciones de la sociedad civil, están inmersas en los debates.